Ruanda implantará tarjetas digitales biométricas en toda su población

Ruanda se une a la lista de países que desarrolla un plan de identificación digital. El proyecto cuenta con un presupuesto cortesía del Banco Mundial de 40 millones de dólares. La intención del gobierno es ponerlo en marcha en un plazo de 3 años.

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partir del lanzamiento del nuevo sistema, los recién nacidos en Ruanda recibirán una identificación digital desde el primer día. Además, a partir de los 5 años, se recogerán registros biométricos (huellas dactilares, iris, etc.), según Paula Ingabire, ministra de Innovación y Tecnologías de la Información de Ruanda, «para facilitar la autenticación y verificación de las personas que deseen recibir servicios”. Hasta ahora, solo los mayores de 16 años ostentaban el derecho a un documento de identidad. En el país africano pasarán de no tener la tecnología suficiente para recoger las huellas dactilares a generar un enorme archivo biométrico de sus ciudadanos desde el mismo momento del nacimiento. La recopilación y almacenamiento masivo de información personal en identidades digitales siempre plantea interrogantes sobre quién tiene acceso a estos datos y cómo se utilizarán. La falta de control sobre los datos allana el camino para la manipulación y el abuso por parte de empresas privadas o incluso del gobierno. 

La implantación del documento de identidad digital, según sus precursores, mejorará el acceso a servicios públicos, transacciones digitales y atención sanitaria, promoverá la inclusión financiera y la innovación digital y contribuirá al crecimiento económico. El mapa de la identificación personal en Ruanda siempre ha sido muy irregular, con personas no identificadas como refugiados y apátridas y falta de unidad entre registros y organismos. Con la nueva ley, se intentará cubrir este vacío, y aportar fluidez al acceso a los servicios públicos. Todo esto, en el caso de que la implantación se produzca con la transparencia y buena fe deseadas, lo cual nadie puede dar por sentado a la vista otras experiencias en las que las personas con menos recursos fueron al final las más perjudicadas. En Oakland, hace casi una década, se aprovechó un programa de identidad digital para vincular una tarjeta de débito prepago a cada tarjeta de identificación, lo que provocó que los pocos recursos de los más necesitados se desviasen a las grandes corporaciones. Se disfrazó una estafa en toda regla bajo un plan de bancarización. En un caso mucho más reciente, en Los Ángeles, los servicios de Inmigración y Aduanas aprovecharon los datos que recolectaba un programa digital de ayuda financiera dirigido a colectivos en riesgo de exclusión para estrechar el cerco sobre personas en situación irregular y proponer deportaciones. 

La implantación de este método reemplazará a los quizá imperfectos, pero seguros DNI físicos, fácilmente gestionables por cualquiera, y no centralizados ni monitorizados por autoridades omnipresentes. Y es que no se le está dando la suficiente importancia a esta tendencia que se está extendiendo por todo el globo. Si la defensa de los intereses de las personas estuviera en el centro, las alternativas a los sistemas biométricos siempre habrían de estar garantizadas. La única manera de salvaguardar la libertad de las personas y de que no se vulneren sus derechos es respetar y blindar por ley la existencia de los DNI y el resto de los documentos de identidad físicos. Solo con un serio compromiso por la permanencia de los sistemas tradicionales se puede defender la verdadera inclusión. La exposición de datos personales sensibles puede tener consecuencias devastadoras para la vida de las personas, algo que no puede ocurrir con pasaportes o DNI físicos, que son la modalidad de identificación más democrática. Con una acreditación en el bolsillo, no conectada a ningún gobierno, organismo o corporación, no es necesaria una formación tecnológica y no hay riesgo de ataques por parte de piratas informáticos. 

La identidad digital solo tiene sentido si se basa en sistemas descentralizados, que depositen pleno control sobre cada usuario. Para ello, deben sustentarse en proveedores humanistas, respetuosos con las libertades individuales y cuidadosos en cada uno de sus procesos (video identificación, apertura de cuentas, verificación de documentos de identidad, etc.). 

Facilitar el acceso a los grandes organismos gubernamentales y bancos a datos personales sensibles solo puede resultar cotas de control más altas. Cualquier intercambio de datos debe pasar por un consentimiento informado. Es crucial que la aplicación de identificaciones digitales siempre sea voluntaria y que la seguridad no se vea nunca comprometida por la aplicación de tecnologías de clasificación, identificación o rastreo. Los gobiernos y bancos centrales, tan interesados en las identidades digitales, intentan convencernos de que su adopción es imprescindible, que nuestra “seguridad” depende de ello. Sin una alternativa real, desde votar en unas elecciones a contratar una línea telefónica pasará por facilitar credenciales de identidad individuales, con un peligro real de socavar nuestra autonomía. Digitalizar las identificaciones, para lograr que los trámites diarios sean más seguros y eficientes, no puede ser sinónimo de digitalizar la identidad. En territorios como Ruanda, donde buena parte de la población puede tener problemas para demostrar ser quién dice ser y así acceder a un servicio, se corre el riesgo de convertir a esa masa de gente indefensa en gente híper vigilada. 

Las nuevas tarjetas que los ruandeses parecen dispuestos a implantar se entienden mejor dentro de un contexto global en el que se promueve el reconocimiento facial en edificios públicos, la eliminación del efectivo, el crédito social y la vida cotidiana vía app. Sociedades que desarrollan sistemas de control ignorando los principios de proporcionalidad, la opinión o las necesidades reales de sus habitantes. En territorios que luchan por superar conflictos históricos y encontrar su fuerza de desarrollo desde la digitalización es donde la prudencia se debe imponer con más intensidad. Apoyar en la autenticación digital y biométrica el acceso a servicios, la solicitud de ayudas o la consecución de derechos podría dejar atrás a las generaciones menos tecnológicas y las minorías, acentuando las brechas sociales.  

La identidad digital obligatoria no resuelve los problemas. Ruanda es otra víctima de un presente en el que se archivarán enormes cantidades de datos personales, abriendo la puerta a la comercialización, el abuso, la discriminación y el desequilibrio de poder.