El Gobierno español aprueba la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales: un paso adelante en la seguridad infantil online

Los niños acceden cada vez a edades más tempranas a dispositivos móviles y páginas web. Además, hacen un uso más intensivo de estos recursos, lo que ha impulsado la creación de un marco normativo que proteja los intereses de los menores y evite las consecuencias negativas de su exposición al entorno digital.  

E

l Consejo de Ministros de España ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley para la Protección de Menores en Entornos Digitales, una normativa pionera que tiene como objetivo garantizar los derechos de los más pequeños en el mundo online. 

Las claves de un amplio proyecto que abarca formación, seguridad e inversión 

Esta ley, que se espera que sea aprobada en las próximas semanas, introduce diversas medidas para proteger a los menores de los riesgos que pueden encontrar en internet, como el acoso, el contenido inapropiado o la adicción a las pantallas. Entre las principales novedades destacan: 

• Elevación de la edad mínima: Se sube de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales y para utilizar otros servicios online que requieran registro. 

• Control parental obligatorio: Todos los dispositivos electrónicos, como móviles, tabletas y ordenadores, deberán incorporar de fábrica herramientas de control parental gratuitas y accesibles que permitan a los padres limitar el tiempo de uso de las pantallas, filtrar contenidos y restringir el acceso a determinadas aplicaciones o páginas web. 

• Verificación de la edad: Las empresas que ofrezcan servicios online a menores estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de la edad «fehacientes» para garantizar que solo los usuarios mayores de edad puedan acceder a determinados contenidos o servicios. 

• Prohibición de las «lootboxes»: Los menores de 18 años no podrán acceder a espacios digitales que empleen mecanismos aleatorios de recompensa, conocidos como «lootboxes» o «cajas botín», presentes en algunos videojuegos y que implican un coste económico en muchos casos. 

• Test pediátrico: Se incluye la realización de una prueba pediátrica en atención primaria para detectar posibles señales de un uso inadecuado de las tecnologías digitales entre los niños y adolescentes. 

• Órdenes de alejamiento digital: Se contempla la posibilidad de solicitar órdenes de alejamiento digital para proteger a los menores del acoso online, siempre y cuando se detecten conductas reiteradas de hostigamiento que comprometan la seguridad de los menores. 

• Etiquetado de contenidos: La ley también establece un sistema de etiquetado de contenidos para advertir a los usuarios si un contenido digital es apto o no para menores de edad. Además, este etiquetado deberá ser accesible para personas con discapacidades o que se encuentren dentro del espectro autista. 

• El “grooming” será delito: Falsear datos como la edad o el género para entablar conversación con menores será un delito en sí mismo, sin necesidad de que con posterioridad a esos contactos se produzcan otros delitos como agresiones sexuales o acoso. 

Deepfakes: una preocupación que impacta directamente en la seguridad de los menores 

La nueva Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales dedica un apartado específico a la regulación de los deepfakes, considerándolos una forma de contenido ilícito cuando se utilizan para dañar a los menores. En particular, se prohíbe la creación, distribución o posesión de deepfakes que muestren a menores de edad en situaciones de carácter sexual o que puedan ser vejatorias para ellos. La ley contempla penas de cárcel de hasta dos años para quienes creen o difundan este tipo de deepfakes. La pena se agrava si el deepfake se difunde a través de internet o redes sociales, aumentando así la audiencia potencial. 

Además, las plataformas online tendrán la obligación de retirar de forma inmediata cualquier deepfake que vulnere la ley. También deberán adoptar medidas de diligencia para prevenir la publicación de deepfakes ilegales en sus servicios. 

El objetivo de estas medidas es proteger a los menores de los daños que pueden causarles los deepfakes, tanto a nivel reputacional como psicológico. 

Esta ley introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español un marco legal específico para regular los deepfakes, reconociendo el riesgo que este tipo de tecnología puede suponer para los menores. 

El anteproyecto es un paso adelante importante para garantizar la seguridad de los menores en el mundo online. Sin embargo, es importante que la ley se aplique de manera efectiva y que las plataformas online colaboren activamente. Deberemos esperar a su implantación definitiva para valorar los resultados. 

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