La libertad de expresión prevalece en Texas con el bloqueo de la Ley SCOPE

La Ley HB 18 del Estado de Texas, también conocida como la Ley para la Seguridad Infantil en Línea a través del Empoderamiento Parental (Securing Children Online Through Parental Empowerment, SCOPE), vuelve a abrir el debate sobre la regulación de contenido en internet, la protección de menores y la libertad de expresión. Firmada en 2023 y prevista para entrar en vigor el 1 de septiembre de 2024, ha sufrido el bloqueo de un juez federal.

Un nuevo marco para limitar los contenidos digitales dirigidos a menores 

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a publicidad dirigida a menores de edad o la pornografía en Internet son algunos de los temas que preocupan a los legisladores en diversos territorios. Intentar poner coto a los impactos de estos contenidos es la razón por la que están apareciendo marcos normativos diversos especialmente diseñados. 

La Ley HB 18, de ámbito limitado al Estado de Texas, es una de ellas y tiene como objetivo principal “proteger” a los menores de 18 años de contenido en línea que se considera dañino o inapropiado. La ley impone una serie de requisitos a las plataformas de servicios web, especialmente a las redes sociales más poderosas, para garantizar una experiencia en línea segura para los jóvenes usuarios. Estas son algunas de las disposiciones clave de la ley: 

• Prohibición de anuncios de dudoso origen: La ley busca evitar que las plataformas en línea publiciten productos que sean fraudulentos, peligrosos o que hayan sido retirados del mercado. Esto significa que las plataformas deben asegurarse de que los productos que listan no representen un riesgo para los consumidores y que no se engañe a los compradores con productos defectuosos o peligrosos. 

• Mayor responsabilidad para los mercados en línea: La ley impone obligaciones más estrictas a los mercados en línea para que vigilen y eliminen los anuncios que puedan poner en peligro a los consumidores. Esta amplia definición de “peligro” implica que las plataformas tienen que ser más proactivas en revisar y retirar ciertos productos, entre ellos, aquellos que no cumplan con las normativas de consumo. 

• Transparencia: SCOPE puede exigir que las plataformas sean más claras sobre quiénes son los vendedores y de dónde provienen los productos que ofrecen en sus sitios, ayudando a prevenir fraudes y problemas relacionados con la calidad de los productos. 

• Cumplimiento y sanciones: Las plataformas que no cumplan con las regulaciones establecidas por la ley podrían enfrentarse a enormes sanciones, que podrían incluir multas u otras acciones legales.  

SCOPE se enfrenta a un bloqueo parcial 

Sin embargo, el juez federal Robert Pitman ha suspendido los requisitos de “vigilancia y filtrado” de la Ley SCOPE, argumentando que estas disposiciones podrían representar una amenaza notable para la libertad de expresión en línea. Esta decisión se produjo tras una demanda presentada por grupos de la industria tecnológica que cuestionaron la constitucionalidad de la ley. El bloqueo parcial se fundamentó en varias críticas importantes. 

En primer lugar, el juez Pitman criticó los términos vagos o sin definir que se reflejan en la ley, como «promoción», «abuso de sustancias» o «adoctrinamiento», que pueden ser interpretados de manera amplia y subjetiva. Esto podría llevar a una aplicación arbitraria y restrictiva que limite la libertad de expresión, en vez de proteger a los menores de manera alguna. 

En esta línea, Pitman también advirtió de que aplicar la etiqueta del “adoctrinamiento” podría ser utilizado de manera inapropiada para directamente censurar contenido político, afectando negativamente al debate público 

Destacó además que, mientras las redes sociales tendrían que filtrar contenido, otros medios como libros o publicaciones en Google Books no estarían sujetos a las mismas restricciones, creando una incongruencia palpable en la regulación. 

Otra de las grandes preocupaciones es que la ley se use para ejercer un control selectivo sobre el contenido en línea que, además de llevar a una regulación que no solo sería ineficaz en proteger a los menores, también podría afectar negativamente a la calidad y diversidad del discurso en línea. 

Como resultado de estas dudas razonables. Pitman emitió una orden judicial que impide la implementación de las medidas de “vigilancia y filtrado”. No obstante, su fallo no afecta a toda la ley, por lo que otras disposiciones de la SCOPE, como los epígrafes sobre la recopilación de datos y la verificación de edad para sitios con gran cantidad de contenido para adultos, continúan en vigor. 

El bloqueo parcial de la Ley HB 18 en Texas refleja un desafío común que enfrentan otras legislaciones como el proyecto de Ley de Seguridad y Privacidad Infantil en Internet (Kids Online Safety Act, KOSPA). Al igual que HB 18, busca equilibrar la protección de los menores en el entorno digital con la preservación de los derechos fundamentales. Sin embargo, cualquiera de estos intentos de legislar el libre movimiento en entornos digitales se enfrentará a críticas similares por su potencial de aplicar medidas de manera desigual o excesivamente restrictiva. Este paralelismo subraya la dificultad inherente de diseñar marcos legales que protejan a los jóvenes usuarios de internet sin infringir derechos básicos ni crear brechas de implementación que puedan ser explotadas o malinterpretadas.