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Luces, sombras y desafíos de los proyectos de identidad digital

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TrustCloud | Luces, sombras y desafíos de los proyectos de identidad digital

Diversas iniciativas alrededor del mundo siguen ahondando en métodos de identificación digital que depositan el control en los usuarios, aunque la implementación a gran escala presenta desafíos tecnológicos y de seguridad. Encontramos dos de los ejemplos más recientes en el Estado de Nueva York y en Francia.

Nueva York apuesta por digitalizar las licencias de conducir 

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ichaelle Solages, demócrata de la Asamblea de Nueva York, ha impulsado un proyecto piloto para desarrollar licencias de conducir móviles, en colaboración con el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, Department of Motor Vehicles). Estas licencias serían versiones digitales de las tradicionales que se almacenarían en los teléfonos inteligentes de los usuarios.  

Para trabajar en el proyecto, Solages se reunió con legisladores y organismos de distintos estados, además de con representantes de empresas de identidad digital, de Google o del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, National Institute of Standards and Technology).  A pesar de que el DMV tenía un contrato con la empresa de tecnología biométrica IDEMIA para construir una plataforma de identidad digital, que también incluiría la emisión de licencias de conducir móviles (o mDL, mobile driver’s licences), la iniciativa propone que sea el Estado el que controle las wallets digitales que contendrían los documentos, en vez de un proveedor privado, lo que despierta recelos de algunos sectores. 

Dudas sobre la seguridad del almacenamiento de los datos 

Estos recelos han generado discursos en contra. Grupos como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y Surveillance Resistance Lab expresaron inquietudes sobre el riesgo de aumentar la vigilancia gubernamental, ya que programas similares pueden dar lugar a un seguimiento móvil y a registros digitales de actividades, como la compra de alcohol o las visitas médicas. Estos grupos no han dudado en proponer que se pause el proyecto e insisten en la necesidad de desarrollar exigentes protecciones técnicas, como cifrado y controles regulares, para preservar la privacidad de los usuarios. La implantación de wallets de identidad digital nunca debería recaer en un control centralizado ni producir ningún tipo de rastreo. 

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La información contenida en las mDL, como el historial de conducción o la información médica y financiera, podría ser utilizada para discriminar a ciertos grupos de personas y, en última instancia, podría usarse para negar el acceso a ciertos lugares o servicios, como el alquiler de un vehículo o la entrada a un estadio. Las voces más críticas alertan de que existe una falta de transparencia en la forma en que se recopilarán, almacenarán y gestionarán los datos de las mDL. 

En el otro extremo, los legisladores afirman que la adopción del nuevo sistema será voluntaria y que ofrecerá mayor comodidad y seguridad, constituyendo por otra parte una barrera contra la falsificación y el robo. Además, sus usos podrán extenderse a otros escenarios de verificación de la identidad. 

La implementación exitosa de las mDL dependerá de una colaboración efectiva entre gobiernos, empresas y organizaciones defensoras de la privacidad. La seguridad y transparencia en el manejo de datos serán aspectos cruciales para ganar la aceptación de la ciudadanía. Legislaciones y políticas públicas deberán ajustarse para regular adecuadamente el uso de estas credenciales de identidad, garantizando así la protección de la privacidad de los usuarios. 

Otros Estados, como Georgia o Tennessee, trabajan en proyectos similares para digitalizar credenciales de identidad como los permisos de conducir.  

France Identité: control de los atributos de identidad en un programa nacional a gran escala 

El gobierno francés acaba de lanzar otro ambicioso plan llamado a revolucionar la gestión de identidad de los ciudadanos. France Identité es una aplicación que permite a todos los ciudadanos del país identificarse en línea de forma segura y fiable, según sus impulsores, y está disponible para todos los franceses desde el 14 de febrero. 

Para comenzar a utilizarla, France Identité exige pasar por un proceso de acreditación de identidad que incluye la descarga de la aplicación en un smartphone y un reconocimiento facial para confirmar la identidad. 

France Identité promete mayor seguridad, al permitir que los usuarios demuestren su identidad sin necesidad de revelar datos sensibles de sus documentos oficiales y con intercambio mínimo de información. Además, está en línea con los preceptos de la normativa eIDAS de la Unión Europea, lo que significa que la identidad digital francesa será reconocida en otros países miembros. 

Los datos que se recopilan, según se indica expresamente en el sitio web del programa francés, siempre deben tener un propósito específico. Solo se utilizarán los datos necesarios para alcanzar ese objetivo. Además, los datos sensibles, como la información biométrica, gozan de una protección especial. Cuando los datos ya no son necesarios, deben eliminarse de forma segura. Los usuarios se reservan en todo momento el derecho de revocación, un factor esencial para el triunfo de este tipo de proyectos. 

Adicionalmente, los usuarios de France Identité podrán añadir su permiso de conducir a la aplicación. Esta versión digital no sustituye a la licencia física, sino que la complementa. En el futuro, la wallet francesa podría usarse para firmar documentos electrónicos de forma segura, realizar pagos en línea con mayor rapidez y acceder a servicios públicos como la solicitud de becas o la renovación del pasaporte. France Identité cuenta con Bug Bounty, una aplicación desarrollada en paralelo destinada a que cualquier usuario pueda reportar errores. 

Transparencia, responsabilidad y vigilancia 

Debido a su trascendencia, es fundamental que los proyectos de identidad nacional sean sometidos a una vigilancia exhaustiva por parte de la ciudadanía. La sociedad civil debe estar involucrada en el proceso de diseño e implementación de estos proyectos para asegurar que sean transparentes, responsables y respeten los derechos humanos. Además, deben crearse mecanismos independientes para supervisar el funcionamiento de estos sistemas y prevenir los abusos. 

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