Nuevas directrices de la EBA para combatir el blanqueo de capitales en las transferencias de criptoactivos

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 4 de julio las Directrices sobre la llamada Regla de Viaje, un conjunto de medidas alineadas con el Reglamento MiCA y las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales dirigidas a mejorar la trazabilidad de las transferencias de fondos y criptoactivos dentro de la Unión Europea. 

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as nuevas obligaciones conocidas como Travel Rule Guidelines (que podríamos traducir por Directrices sobre la Regla de Viaje), establecen qué información debe acompañar a las transferencias de fondos y ciertos criptoactivos. Han sido diseñadas por la Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) como un nuevo enfoque que busca frenar el blanqueo de capitales a través del mercado cripto. 

La nueva guía se basa en establecer un sólido proceso de incorporación con la debida identificación de los usuarios. Máxima transparencia para bloquear las actividades ilícitas. 

¿A quiénes se aplica estas directrices? 

Las directrices de la EBA están dirigidas a diversas entidades del sector financiero que conviene distinguir, incluyendo: 

• Proveedores de Servicios de Pago (Payment Service Providers, PSPs). Entidades que facilitan transacciones de pago entre usuarios y comercios, proporcionando una infraestructura para la transferencia de fondos. Estos proveedores incluyen bancos, instituciones de dinero electrónico y otras empresas que permiten la realización de estas acciones. 

• Proveedores Intermediarios de Servicios de Pago (Intermediary Payment Service Providers, IPSPs). Actúan como intermediarios entre los usuarios finales y los proveedores de servicios de pago. Además, pueden ofrecer servicios adicionales como la agregación de pagos, facilitando transacciones en múltiples plataformas y mejorando la eficiencia del proceso de pago. 

• Proveedores de Servicios de Criptoactivos (Crypto-Asset Service Providers, CASPs). Los CASPs, de los que hablábamos ampliamente en el artículo sobre la regulación MiCA, son entidades que ofrecen servicios relacionados con criptoactivos, como el intercambio de criptomonedas, la custodia y la emisión de nuevos criptoactivos. Estos proveedores juegan un papel crucial en la facilitación del acceso y uso de las criptomonedas por parte de los consumidores y empresas. 

• Proveedores Intermediarios de Servicios de Criptoactivos (Intermediary Crypto-Asset Service Providers, ICASPs). Por último, los ICASPs son intermediarios que facilitan la interacción entre los usuarios finales y los CASPs. Pueden ofrecer servicios como la conversión de criptoactivos en monedas fiduciarias, la integración de diversas plataformas de criptoactivos y la provisión de soluciones tecnológicas para el manejo de criptoactivos. 

Requisitos de información 

La base de estas nuevas obligaciones reside en la debida identificación de las personas, un proceso que en la actualidad se debe llevar a cabo de manera remota, utilizando métodos de video identificación.   

Las directrices de la EBA exigen una identificación exhaustiva tanto del pagador como del beneficiario en cada transferencia. En el caso de las personas físicas, esta identificación debe incluir el nombre completo, la dirección residencial actual y números de identificación oficiales como el pasaporte o la identificación nacional. Para las entidades jurídicas, la información requerida abarca los nombres comerciales o de registro, así como la dirección oficial de la sede y los números de identificación fiscal o cualquier otro identificador oficial de la entidad. 

Estas medidas son esenciales para asegurar que cada individuo y entidad involucrada en una transacción pueda ser claramente identificada, lo cual es fundamental para prevenir las actividades ilícitas. La recopilación y verificación de esta información proporcionan una base sólida para la transparencia y la trazabilidad en el sistema financiero, permitiendo a las autoridades y a las entidades financieras monitorear y gestionar de manera efectiva las actividades sospechosas. 

Enfoque basado en el riesgo 

El enfoque basado en el riesgo es una piedra angular de esta guía. Desde esta perspectiva, se reconoce que no todas las transacciones y clientes representan el mismo nivel de riesgo, por lo tanto, las entidades deben adaptar sus controles y procedimientos según el nivel de riesgo asociado a cada caso específico. 

Las PSP y las CASP deben realizar una evaluación exhaustiva de riesgos para cada cliente y transacción. Esto implica clasificar a los clientes y transacciones según su potencial para involucrarse en actividades ilícitas. Así pues, las entidades deben establecer procedimientos y controles proporcionales al riesgo identificado, asegurando que las medidas de debida diligencia se intensifiquen cuando sea necesario. 

Parte crucial de este enfoque es la capacidad de detectar y manejar eficazmente las transferencias con información incompleta o ausente. Las entidades deben contar con sistemas robustos para identificar anomalías en las transacciones, como datos faltantes o inconsistentes, que podrían indicar intentos de ocultar la verdadera naturaleza de la operación. 

Además, este enfoque implica un monitoreo continuo y adaptativo de las transacciones, con la capacidad de ajustar los controles y procedimientos según evolucionen los riesgos y se desarrollen nuevas amenazas. La formación continua del personal también es crucial para mantenerse al tanto de las últimas tendencias en técnicas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, asegurando que las medidas adoptadas sean efectivas y actualizadas. 

Un interesante punto de las directrices es el que obliga a establecer procedimientos para identificar transferencias que parezcan estar vinculadas, como múltiples transacciones entre las mismas partes en un corto período de tiempo. Estas transferencias podrían indicar intentos de eludir los umbrales de información o evadir la detección de actividades sospechosas. 

Impacto de las directrices y desafíos potenciales  

Estas directrices representan un paso significativo hacia una mayor transparencia y control en el ecosistema de los criptoactivos. Con una mejor identificación de los participantes en las transferencias, las autoridades podrán rastrear el flujo de fondos y detectar actividades delictivas con mayor facilidad. En resumen, la normativa pretende conseguir: 

• Aumento de la transparencia: La identificación obligatoria de pagadores y beneficiarios permitirá una mayor transparencia en las transferencias de criptoactivos. 

• Reducción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: Las directrices dificultarán a los delincuentes utilizar criptoactivos para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

• Mayor confianza en el mercado: La mejora de la transparencia y la lucha contra las actividades delictivas contribuirá a generar una mayor confianza en el mercado de los criptoactivos. 

No obstante, la aplicación de estas directrices puede presentar algunos desafíos. Uno de ellos son los costes asociados a la actualización de sistemas y procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos regulatorios más estrictos. Esta inversión no solo implica recursos financieros significativos, sino también tiempo y esfuerzo por parte de las entidades para adaptarse a los nuevos estándares de cumplimiento. 

Otro desafío crucial es la interoperabilidad global. La efectividad de las directrices depende en gran medida de que otras jurisdicciones fuera de la Unión Europea adopten medidas similares. Sin una coordinación global, existe el riesgo de que las transacciones internacionales queden expuestas a lagunas regulatorias, comprometiendo los objetivos de seguridad y prevención de actividades ilícitas que las directrices buscan fortalecer. 

Además, la protección de los datos, o el modo en el que se enfoca, representa un dilema sensible. Aunque es crucial combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, también es esencial preservar la privacidad y los derechos de los usuarios. Encontrar un equilibrio adecuado entre estos dos objetivos puede ser complicado, especialmente en un entorno donde las transacciones financieras están cada vez más digitalizadas y sujetas a escrutinio regulatorio. 

Por último, debemos señalar que estos enfoques rigurosos en la identificación y monitoreo de transacciones podría limitar la espontaneidad y la fluidez del mercado cripto, afectando potencialmente la capacidad de los usuarios para realizar transacciones de manera rápida y eficiente. 

Una regulación muy intensa podría introducir barreras adicionales que afecten la innovación y la competitividad dentro del mercado de criptoactivos. En un esfuerzo por garantizar la seguridad y la integridad financiera, es crucial encontrar un equilibrio que permita la aplicación efectiva de las directrices sin comprometer innecesariamente la agilidad y la accesibilidad del mercado cripto para los usuarios legítimos. 

En general, las directrices de la EBA sobre la Regla de Viaje se alinean con regulaciones internacionales que trabajan en la misma dirección, como la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AML) y la Ley de Secreto Bancario (BSA) de Estados Unidos, la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (FCT) de Canadá o la Ley de Pagos y Liquidaciones de Instrumentos Financieros (FIEA) japonesa. 

Según el texto oficial, será plenamente aplicable a finales de 2024. Cumplir con estas pautas será esencial para que los CASP y PSP conserven sus licencias y eviten sanciones. 

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