Los wallets están revolucionando el sector bancario y la gestión de identidades, gracias a su facilidad de uso y sus posibilidades de aplicación.
La responsabilidad de los procesadores de pagos en las transacciones digitales
Los procesadores de pago son una de las piezas fundamentales dentro de la logística de los pagos electrónicos. El comercio minorista, el sector financiero y cualquier industria que realice transacciones en línea se beneficia de su implantación. Su crecimiento es símbolo de desarrollo, aunque hay que tener en cuenta que no están exentos de peligro, y las regulaciones para gravar el dinero que fluye a través de ellos son cada vez más estrictas.
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agos electrónicos: cambios y tendencias
Los pagos con tarjeta son populares desde hace décadas, pero se han visto afectados por ciertos cambios de costumbres en los últimos años. Es interesante observar cómo desde principios del actual siglo hasta el inicio de la crisis de 2020 la tendencia fue arrinconar al efectivo progresivamente. En la zona euro el uso de moneda física disminuyó de casi el 80% del total de transacciones en el año 2000 al 60% en el 2020. En países como Suecia, no obstante, estaríamos hablando de un porcentaje por debajo del 20%. En este y otros países con implantaciones del pago electrónico similares (como Corea del Sur) no es extraño encontrar carteles en los comercios en los que se prohíbe pagar en efectivo “por tu propia seguridad”. Incluso los músicos callejeros o las personas que piden una ayuda en el metro utilizan un cartel con su número de teléfono para que las aportaciones se realicen por Zelle, Bizum o un proveedor similar. En los Estados Unidos, el uso del dinero en efectivo también ha disminuido significativamente, más de un 15% en el segmento 2000 – 2020. Esta tendencia se afianzó con la crisis y, aunque el pago en efectivo aún es relevante, su utilización no para de descender. Según un reciente estudio del Banco Central Europeo, la bajada es de cerca de un 13% de media en todo el continente, con España, Chipre y Letonia encabezando la lista de países que más han recortado este uso.
Como consecuencia del crecimiento en el volumen de pagos electrónicos, que parece que no va a detenerse a corto plazo, la estructura de actores que participan en ellos ha de ser más fuerte que nunca. Tal y como refleja un informe elaborado por la consultora Gad3, el 75,1% de los encuestados considera que los pagos digitales son más proclives a las estafas y fraudes y el 72% afirma que el efectivo resguarda mejor la privacidad. Este contraste nos indica que los usuarios valoran que los pagos electrónicos sean rápidos y cómodos, pero desconfían de los protocolos de seguridad que se les aplica.
El procesador de pagos en el centro de las finanzas digitales
Uno de los elementos centrales de dicha estructura es el procesador de pagos. En esencia, un procesador de pagos es una entidad que se encarga de facilitar las transacciones financieras entre un comprador y un vendedor. Esto incluye la recolección de fondos del comprador, la verificación de la información de pago y la transferencia del dinero al vendedor. Al final, es el responsable de mover el dinero entre el cliente y el comercio con un funcionamiento que comienza cuando el comprador facilita los datos de su tarjeta de crédito o débito, a través de plástico en un lector de tarjetas, introduciendo la numeración, con dispositivo móvil en modo sin contacto o cualquier otro método establecido, bien en tienda física o en e-commerce. Los datos se transmiten al procesador a través de una pasarela de pago. El procesador, a su vez, envía los datos a una red de tarjetas como VISA o Mastercard (en el caso de que se haya utilizado una de crédito) o a la red bancaria (débito), que procederá a autorizar o rechazar el pago. Si la transacción se aprueba, es el procesador de pagos el encargado de informar a la entidad que ha emitido la tarjeta o ‘banco emisor’ que debe enviar los fondos al banco del comercio (el ‘banco adquiriente’). Finalmente se procede a la transferencia, que será efectiva inmediatamente o en el plazo de pocos días, dependiendo del tipo de cuenta adquiriente.
En todo este movimiento, para el que solo hacen falta unos instantes, los procesadores de pagos no solo facilitan que el dinero pase de unas manos a otras, sino que se encargan de que la información sensible relativa al usuario esté protegida en todo momento, lejos de terceros con intenciones dudosas. Dicho de otro modo, son una pieza clave en la protección de la privacidad y lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales (anti money laundering o AML).
El mercado de estas compañías que conectan a los comercios con los bancos no deja de crecer, unido a las tendencias en detrimento del efectivo que comentábamos antes. Gigantes como Paypal han llevado a cabo grandes fusiones en la última década, conscientes del peso específico que va a ganar el sector en los próximos años. Según los expertos, el valor de la industria de procesadores de pagos se acercará a los 150.000 millones de dólares en 2030. Pero este magnífico crecimiento también comporta riesgos, multiplicando las posibilidades de fraude.
Blanqueo de transacciones: cuando el procesador cae en la trampa
Los procesadores de pagos son víctimas de un tipo de delito muy específico y difícil de detectar: el blanqueo de transacciones. En esta modalidad de fraude, los comerciantes legítimos procesan pagos con fines ilícitos en nombre de un tercero. Esta técnica se utiliza para ocultar la verdadera fuente de los fondos y hacerlos parecer legítimos.
Los comerciantes legítimos que se utilizan en el blanqueo de transacciones pueden ser tiendas, negocios o incluso individuos que están dispuestos a participar en esta actividad ilegal. Pueden ser engañados o pagados para procesar pagos que, en realidad, provienen de actividades como el tráfico de drogas, la prostitución o el juego ilegal. Para lograr sus objetivos, los criminales utilizan una serie de transacciones para ocultar el origen de los fondos a través de múltiples cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros medios de pago con los que transfieren dinero de una cuenta a otra, dificultando así su rastreo. Incluso llegan a utilizar técnicas como el uso de compañías ficticias o una red de intermediarios para procesar los pagos y ocultar su identidad.
Huelga decir que el hecho de que los comerciantes sean parte del entramado en este tipo de fraude, funcionando como “mula”, dificulta muchísimo la denuncia y la persecución de los responsables.
Foco de normativas
Los procesadores no son ajenos a los requisitos y leyes AML, que varían entre los diferentes países. En general, estas regulaciones se están endureciendo y requieren que los procesadores de pagos asuman su responsabilidad en la lucha contra el terrorismo y el blanqueo. En los Estados Unidos, por ejemplo, están regulados por la Oficina de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) y deben cumplir con las regulaciones del Banco de la Reserva Federal y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). En el caso de Reino Unido es la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA) la encargada de regularlos; en Canadá, el Servicio de Inteligencia Financiera (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC) y en Australia, el Servicio Australiano de Inteligencia Financiera (Australia’s financial intelligence agency AUSTRAC).
Estas instituciones trabajan para que los procesadores pongan en marcha potentes protocolos AML, una supervisión exhaustiva de las transacciones y procesos, revisiones continuas, políticas de transparencia y rígidos procedimientos de verificación de las identidades. Todo ello es vital para que se tomen las medidas adecuadas cuando surjan dudas, se presenten informes adecuados si las transacciones superan un umbral establecido, y se notifique a las instituciones cualquier actividad sospechosa.
Todos los territorios cuentan con programas muy sólidos que no ignoran el papel fundamental de los procesadores de pagos como constructores de confianza en un futuro digital y cashless, con un compromiso que debe ir mucho más allá de la autorización de transferencias.